Finanzas sostenibles y crisis ambiental: la Comisión Europea valida las normas de información sobre sostenibilidad
El acto delegado por el que se presentan las normas de información sobre sostenibilidad ha sido adoptado por la Comisión Europea. Sin embargo, los inversores y gestores de activos lamentan el rechazo de medidas verdaderamente vinculantes para las empresas.
El 31 de julio de 2023, la Comisión Europea publicó el acto delegado relativo a las Normas Europeas para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad (NERS), base de la Directiva sobre la Elaboración de Informes de Sostenibilidad Empresarial (DSCE), una de las herramientas del Pacto Verde Europeo que establece normas para la publicación de información no financiera por parte de las empresas.
¿Para qué servirán las normas de información sobre sostenibilidad?
La adopción del acto delegado por la Comisión Europea establece un vasto y denso texto compuesto por 12 normas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), cuyo objetivo es animar a las organizaciones implicadas en la CSRD a ser más transparentes.
Por el momento, esta información carece de claridad en lo que se refiere a las cuestiones socioambientales.
Es incompleta, omitida o sesgada. Es una espina clavada para los inversores, las instituciones públicas, las organizaciones y los consumidores -es decir, todas las partes interesadas-, que no pueden dar fe de la seriedad de las empresas.
A partir de 2025, la gran mayoría de las empresas europeas afectadas por la Directiva sobre responsabilidad social de las empresas deberán publicar un informe de sostenibilidad detallado sobre el impacto de sus actividades en el medio ambiente, el impacto del cambio climático y su estrategia de descarbonización, incluida la publicación de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 3 escalas conocidas como «alcances»: emisiones directas (alcance 1), emisiones indirectas (alcance 2) y emisiones de la cadena de valor (alcance 3).
Se congratuló, en un comunicado, el hecho de que la Comisión Europea hubiera sido capaz de presentar un texto justo y equilibrado que no resultara demasiado gravoso para las empresas, sino que les permitiera estar mejor respaldadas en su estrategia de RSE.
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La Comisión Europea revisa a la baja las normas sobre informes de sostenibilidad
Pero la transición en el seno de la institución europea habrá vaciado un poco la sustancia de estas normas, consideradas ambiciosas en el momento en que el texto fue publicado en noviembre de 2022 por el Efrag, antiguo Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera, cuya misión es proporcionar a la Comisión Europea las claves para comprender la adopción e interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera.
Además de la ampliación de los plazos de aplicación, incluso para las empresas de menos de 750 empleados, que tendrán un año más para publicar su información de alcance 3, los inversores lamentan una serie de flexibilizaciones por parte de la Comisión Europea, con obligaciones de información menos restrictivas para las empresas que antes. Para Philippe Diaz, especialista en finanzas sostenibles de WWF, «la Comisión Europea cede una vez más a las presiones de los grupos industriales», denuncia en un comunicado, «rebajar estas normas es dejar la puerta abierta de par en par al greenwashing».
En su versión del texto, Efrag proponía 12 normas obligatorias que cubrían los tres pilares ESG. De estas 12 medidas, sólo dos generales han sido consideradas obligatorias por la Comisión Europea, pero éstas sólo representan normas técnicas para indicar a las organizaciones cómo hacer sus declaraciones.
Para el resto, será caso por caso. Las empresas sólo declararán la información que consideren relevante en cuanto al impacto de sus actividades (o materialidad) sobre el medio ambiente y la sociedad. Por lo tanto, las empresas juzgarán por sí mismas si desean o no comunicar sobre las demás normas, sin tener que justificar su elección.
Tras varias controversias, en particular sobre el hecho de que las actividades de las empresas estuvieran necesariamente relacionadas con el clima o la biodiversidad, la Comisión Europea decidió hacer una excepción para el tercer grupo de normas, el relativo al clima. En este caso, corresponderá a la empresa demostrar que su actividad no tiene repercusiones sobre el clima si decide no publicar sobre esta norma.
El futuro del texto depende ahora del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Las instituciones disponen de dos meses para aprobar o rechazar el acto delegado. Si no hay objeciones, las normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2024.