Encienden las alarmas por el impacto de la minería ilegal en las zonas amazónicas de Venezuela
La ONG Fundaredes alertó una emergencia ecológica en el territorio venezolano, dada la devastación ambiental y el abuso a los derechos humanos que causa la minería ilegal. Algunos de los estados más afectados son Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
La minería ilegal de oro en Venezuela provocó graves daños ambientales y afectaciones a los derechos humanos en los estados amazónicos de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, según denunció la ONG Fundaredes. La degradación del ecosistema se profundiza cada vez más, dada la falta de regulaciones y estándares ambientales requeridos por las autoridades de ese país.
En detalle, esta actividad arruinó extensas áreas forestales y contaminó los ríos con mercurio, impactando de forma directa a las comunidades indígenas que enfrentan desplazamientos, explotación laboral y violencia. La presencia de grupos armados y mafias en la región intensifica la situación, vulnerando derechos básicos como el acceso a un ambiente saludable y seguro.
Fundaredes, a través de su observatorio ambiental Proyecto EPA, estimó que cerca de 20.000 mineros ilegales operan actualmente en el Arco Minero del Orinoco, abarcando las zonas de Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. Cada uno de ellos genera un profundo deterioro en la calidad de vida de las comunidades locales. El afán por obtener los recursos minerales no hace más que perjudicar el bienestar de la población y el medio ambiente.
Por su parte, la ONG Provita resaltó que la región amazónica venezolana -rica en biodiversidad y recursos naturales- hospeda aproximadamente 2.3 millones de personas, incluidas numerosas poblaciones indígenas que dependen de este entorno para su subsistencia. Es importante resaltar que los habitantes dependen en gran medida del equilibrio de los ecosistemas locales para obtener alimentos, agua, medicina y materiales de construcción, necesarios para sus actividades diarias y su sustento.
En tanto, el gobierno venezolano informó que este año desalojó a más de 12.000 personas de minas ilegales en varias regiones amazónicas, cerrando algunas de ellas, como Bulla Loca en Bolívar, donde un derrumbe en febrero causó la muerte de al menos 16 personas y dejó 36 heridos.
En junio, el presidente Nicolás Maduro señaló que Venezuela busca reordenar la minería para que siga un enfoque productivo, ecológico y de preservación, al tiempo que reconoció la presencia de mafias y los efectos destructivos de la práctica. Sin embargo, aún se desconoce si ya comenzaron los trabajos de ordenamiento minero o si existe un plan concreto para implementarlo.
¿Qué significa minería ilegal?
La minería ilegal es una actividad que se desarrolla en áreas restringidas, tales como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuencas y zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. También está incluido el uso de maquinaria pesada que no corresponde a la pequeña minería o minería artesanal.
Según el decreto legislativo N 1.105, se considera como mineros ilegales a quienes no cumplen con los requisitos administrativos, técnicos, sociales y ambientales exigidos por la ley o que realizan actividades mineras en áreas prohibidas.
Por otro lado, la minería informal involucra a aquellos operadores que, si bien no completaron el proceso de formalización, no trabajan en zonas prohibidas ni utilizan equipo que exceda los límites de su categoría. Este mismo cerró en abril de 2014, por lo que los operadores que no lograron integrarse en ese periodo permanecen en situación informal.
Entre los efectos más evidentes de la minería se encuentran la contaminación del agua y el aire, la alteración de los suelos, la transformación del paisaje y la afectación de especies en peligro que son desplazadas de su hábitat. Esta actividad afecta diversas áreas, sobre todo en términos ambientales y sociales, siendo los bosques y selvas los ecosistemas más dañados. La minería frecuentemente requiere la deforestación de extensas áreas de bosque y selva para acceder a los minerales, lo que impacta gravemente la biodiversidad y los ecosistemas locales.
En el caso de la minería marina, como la extracción de arena, grava y minerales del lecho marino, también se generan graves daños en los hábitats costeros y marinos, afectando a las comunidades que dependen de ellos para subsistir.
Aunque los impactos pueden variar según el tipo de mineral extraído, las prácticas extractivas y las regulaciones en cada país, generalmente esta actividad tiene efectos profundos y, en muchos casos, negativos en los territorios donde se lleva a cabo.
¿Qué leyes regulan la minería en Venezuela?
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela introduce un principio innovador al exigir estudios de impacto ambiental y sociocultural para cualquier actividad que pueda dañar los ecosistemas. Esta disposición hizo evidente la necesidad de revisar el principal instrumento jurídico en este ámbito, el Decreto 1.257, que sigue vigente sin actualizaciones.
En consecuencia, las actividades mineras deben cumplir con los controles previos establecidos en dicho decreto, así como con las normas de la Ley Penal del Ambiente, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, y otros acuerdos y leyes internacionales vigentes. Además, deben acogerse a los mecanismos previstos en la Ley Orgánica del Ambiente en los artículos 92 y 93.
A su vez, existen procedimientos de control posteriores para verificar el cumplimiento de estas normas, como la guardería ambiental, auditoría ambiental, supervisión ambiental, policía ambiental y la emisión de constancias ambientales.