Colombia da un nuevo paso para proteger a quienes cuidan el medioambiente
El 28 de agosto de 2024 quedará en la historia como un día clave para el medioambiente colombiano. Ese día, la Corte Constitucional del país declaró exequible el Acuerdo de Escazú, un tratado que busca proteger los derechos ambientales en los países de América Latina y el Caribe. Este acuerdo, que contó con la ratificación de 16 naciones de toda la región, tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y a la justicia en temas ambientales, así como facilitar la participación sin represalias de aquellos ciudadanos que se interesen por estas cuestiones.
Colombia es un país que cuenta con una de las biodiversidades más ricas del planeta. En pos de protegerla, cientos de defensores de la naturaleza han debido enfrentarse a la violencia y la muerte. Lamentablemente, a lo largo de los últimos años el país ha sido escenario de numerosos conflictos ambientales y sociales.
Con 60 asesinatos de líderes ambientalistas solo en 2023, Colombia se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para aquellas personas que eligen reclamar y poner el cuerpo para cuidar el medioambiente. Pero el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú, que contó con el respaldo de organizaciones internacionales como Greenpeace o The Nature Conservancy busca cambiar esta triste realidad.
Este tratado no solo sentará las bases para que los defensores del medioambiente cuenten con la protección judicial necesaria, sino que además ayudará a mejorar el acceso que los ciudadanos tienen a la información ambiental y permitirá que puedan participar en las decisiones gubernamentales que afecten a los ecosistemas del país donde viven.
A mayores derechos ambientales, mejor cuidado del medioambiente
A diferencia de otros tratados internacionales, El Acuerdo de Escazú pone el énfasis en garantizar que las personas que dedican sus vidas a defender la naturaleza, y que en muchas ocasiones son víctimas de amenazas, sufren de intimidaciones o incluso son asesinadas, cuenten con la seguridad de participar de marchas, movimientos sociales y reclamos sin temor a represalias.
Este acuerdo ofrece un marco claro y efectivo para que los ciudadanos puedan acceder a la información ambiental, participen en las decisiones que afectan a sus territorios y tengan acceso a la justicia en casos de daños ambientales. En el caso específico de Colombia, el acuerdo es especialmente necesario, ya que en las últimas décadas ha habido miles de casos notorios en los que las personas que luchaban por proteger los recursos naturales del país resultaron atacadas.
Por otro lado, el tratado no compromete la soberanía del país sobre sus territorios terrestres, marítimos o aéreos, sino que permite que las naciones firmantes puedan fortalecer su capacidad para gestionar los asuntos ambientales de manera autónoma, sin la interferencia de organismos internacionales en sus decisiones internas.
Un bálsamo para los defensores del medioambiente colombiano
De acuerdo con el último informe Global Witness (que se dedica a exponer casos de corrupción, abusos ambientales y violaciones de derechos humanos) Colombia fue el país con mayor número de asesinatos de líderes ambientales durante 2023. Esta horrible realidad revela cuán vulnerables pueden ser aquellas personas que luchan por proteger la naturaleza.
Pero la ratificación del Acuerdo de Escazú contribuirá a que puedan contar con un entorno seguro y libre de violencia para expresar sus denuncias. El tratado exige que cada país implemente los mecanismos gubernamentales necesarios para proteger a quienes se dedican a la defensa del medioambiente.
Además, obliga a los gobiernos a crear políticas que promuevan la participación ciudadana en los asuntos relacionados con la gestión de los recursos naturales. En Colombia, el presidente Gustavo Petro expresó que este acuerdo ayudará a saldar una deuda histórica con los defensores ambientales para que puedan llevar a cabo su trabajo sin miedo.