Agrotóxicos: siete empresarios van a juicio por fumigaciones ilegales
Tras más de 10 años de denuncias, 7 empresarios y 2 funcionarios municipales enfrentan un juicio en Rosario por contaminación con agrotóxicos en la localidad de Pergamino. La causa revela cómo fumigaciones ilegales pusieron en riesgo la salud de familias, afectando el agua, los suelos y sus cuerpos. Además, marca un precedente para proteger a las comunidades urbanas frente a la impunidad de los agronegocios y las autoridades cómplices.
El conflicto comenzó en 2011, en Villa Alicia, un barrio en las afueras de Pergamino, cuando Sabrina Ortiz detectó graves problemas de salud en su familia vinculados a fumigaciones cercanas a su vivienda. La mujer sufrió dos ACV, un aborto espontáneo, y su hija padece osteomielitis crónica, mientras que su hijo presentó niveles de glifosato 120 veces por encima de lo permitido.
Las aplicaciones de agroquímicos se realizaban a menos de 10 metros de su casa, sin respetar ninguna medida de seguridad. La denuncia incluyó reclamos constantes y la documentación de la afectación directa a su familia. El caso mostró la exposición cotidiana de los vecinos a productos altamente tóxicos, especialmente en zonas urbanas rodeadas por campos fumigados.
Las familias no solo enfrentaban riesgos inmediatos, sino también la contaminación de agua y suelo, agravando la vulnerabilidad de los niños. Además, el proceso judicial reveló la indiferencia de las autoridades locales y la complicidad de quienes debían garantizar la seguridad ambiental.
Este conflicto refleja un patrón de negligencia sistemática en Pergamino: la falta de control sobre fumigaciones ilegales y la violación de normas ambientales básicas. Desde el inicio, Ortiz buscó que las autoridades locales y nacionales respondieran, enfrentando amenazas y hostigamientos que evidencian la resistencia de los intereses agroindustriales a rendir cuentas.
Agua contaminada por agrotóxicos
En 2018, la denunciante llevó el caso ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás. Allí se comprobó que las aguas subterráneas de Pergamino estaban contaminadas con 18 principios activos de agroquímicos y sus metabolitos, afectando barrios como Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida. El INTA de Balcarce confirmó la presencia de estos tóxicos, demostrando la magnitud de la contaminación.
Los responsables eran 7 empresarios del sector agropecuario y dos funcionarios locales: un ingeniero agrónomo y un veterinario a cargo de la Dirección de Ambiente Rural. Ambos habían sido advertidos de la situación, pero no tomaron medidas efectivas para proteger a la población. La omisión de las autoridades permitió que las fumigaciones continuaran, poniendo en riesgo a toda la comunidad.
La investigación reveló que se violaron suspensiones preventivas dispuestas por la justicia y que las fumigaciones se realizaron de noche, ignorando los 100 metros mínimos de distancia y otras normas de seguridad. Esto demuestra la gravedad de la falta de control y la impunidad con la que operan algunos actores del agronegocio.
Fumigaciones ilegales y riesgo para la salud
Las prácticas detectadas incluyeron fumigaciones nocturnas y cercanas a viviendas, sin medidas de protección ni avisos a los vecinos. Los químicos terminaban en las napas, en los suelos de las casas y en los cuerpos de los habitantes, generando enfermedades graves y crónicas. Los efectos impactan no solo a los querellantes, sino a toda la población de Pergamino.
Los peritos analizarán unas 70 historias clínicas durante el juicio, lo que evidencia que la cantidad de víctimas podría ser mucho mayor de lo denunciado inicialmente. Esto muestra que el daño no fue aislado, sino sistemático, afectando de manera estructural a comunidades cercanas a los campos fumigados.
Una luchadora que no se dio por vencida
Sabrina Ortiz, además de víctima, se recibió de abogada para impulsar su propia causa y garantizar que se haga justicia. Su esfuerzo refleja cómo la acción individual y colectiva puede desafiar la impunidad de intereses económicos y la inacción de las autoridades. La querella busca que la sentencia sea un precedente para todas las comunidades fumigadas de Argentina.
ONGs como Naturaleza de Derechos o Greenpeace Argentina impulsaron la financiación colectiva para trasladar testigos y peritos, permitiendo un debate judicial completo y público. La participación ciudadana es clave para visibilizar la trama de complicidades entre agronegocios y funcionarios, y para exigir rendición de cuentas en casos de contaminación masiva.
El juicio representa un faro para pueblos que viven expuestos a los agroquímicos. Tras 14 años de denuncias y 7 de proceso penal, la audiencia busca determinar responsabilidades y establecer que la salud y el medioambiente no pueden ser sacrificados frente a la expansión del agronegocio para unos pocos inescrupulosos.