Los sentidos del biocentrismo

Las diferentes propuestas ecocéntricas y biocéntricas buscan ir más allá de posturas utilitaristas exclusivamente interesadas en aquello que puede ser útil o beneficioso, como preservar una cuenca no por el bienestar de las especies que la habitan sino como necesidad para asegurar un sistema de riego, o proteger raras especies de anfibios no por su valor intrínseco sino porque ellas pueden contener toxinas aprovechables por la industria farmacéutica. Otra tensión propia de la postura utilitarista reside en que las especies que son inútiles, feas o desagradables, no tienen relevancia ni urgencia en los planes de protección. El biocentrismo echa por tierra esas limitaciones, ya que existe una igualdad biocéntrica: todas las especies vivientes tienen la misma importancia, y todas ellas merecen ser protegidas. De alguna manera el biocentrismo postula un igualitarismo entre todas las formas de vida. Esto no quiere decir que sean iguales, o que las implicancias morales o prácticas sean idénticas. A pesar de las aclaraciones, no es inusual que muchos ataquen al biocentrismo, y los valores intrínsecos, sosteniendo que en los hechos, implicarían inmovilizar cualquier actividad humana ante el ambiente. Para esos críticos, serían lo mismo los jaguares, una culebra, un mosquito o un virus. En sentido estricto, el biocentrismo reconoce las heterogeneidades y diversidades, incluso las jerarquías, entre las especies vivientes, y dentro de los ecosistemas.

Queda en claro que como el biocentrismo implica otra ética en la asignación de valores y en los sujetos de valoración, inmediatamente se generan cambios sustanciales en los mandatos morales frente a la Naturaleza. En efecto, el biocentrismo impone «obligaciones con las cosas vivientes debido al reconocimiento de su valor inherente»(Taylor, 1981). Algunas de estas obligaciones son adicionales y diferentes a las que se tienen para con los seres humanos, pero exhiben un atributo clave compartido: el bienestar de los seres vivos. Así como el bienestar humano es un fin en sí mismo, de manera similar se genera un mandato moral con el bienestar de los demás seres vivos. Estos deberes morales imponen, por ejemplo, defender las especies vivientes como conjuntos, y los ecosistemas donde ellas desarrollan sus procesos vitales, como agrupamientos heterogéneos. 

Estas obligaciones son las que se busca cristalizar en constituciones, leyes y otras normas; a partir de ellas se generan políticas, y son éstas las que se toman en cuenta en la discusión pública. Allí se pueden anclar mandatos morales que reclaman la preservación de especies en peligro e impedir la contaminación, pero cuya fundamentación pasa a ser que las especies vivientes puedan desarrollar sus propios procesos vitales (Taylor, 1981). Es importante recordar que esta postura no rechaza la valoración económica, sino que dice que ésta es solo un tipo de valor entre varios. Asimismo, tampoco rechaza los usos productivos, sino que reclama que sean hechos en armonía con el entorno y no a costa de su destrucción. 

Esos balances estarán limitados y ajustados a asegurar la sobrevida de especies e integridad de ecosistemas, por sus propios valores, independientemente de utilidades o estéticas humanas. Tampoco es una postura primitivista y antitecnológica, sino que usará las tecnologías de manera apropiadas, las más recientes donde sea necesario, y otras que pueden ser clásicas, allí donde resulten apropiadas. Más allá de cómo se reconoce ese valor intrínseco, e incluso más allá de la discusión sobre la particularidad del ser humano, lo importante es que se generen obligaciones morales sobre el ambiente. En otras palabras, se pueden llegar a admitir los valores intrínsecos desde varias posturas, y dotarlos de diferentes atributos, pero ese no es el debate central para la ecología política. La cuestión clave es que esas obligaciones y responsabilidades se imponen sobre las personas, y es precisamente nuestra propia capacidad de atender la dimensión ética la que nos obliga entonces a proteger el ambiente. Dicho de otra manera, incluso para los antropocéntricos que entienden que el único agente ético es el ser humano, sólo las personas pueden construir una moral que asegure la protección ambiental. También debe subrayarse que el biocentrismo hace posible regresar a la idea de una Naturaleza que deja de ser un mero agregado de mercaderías o capitales, y vuelve a ser un conglomerado de especies vivas. La Naturaleza como conjunto reaparece como sujeto de valores. Esto permite reconocer que ese conjunto posee atributos propios del conjunto, propiedades emergentes, o expresiones que no pueden derivarse de cada una de sus partes. Consecuentemente, se podrán asumir posturas o sensibilidades que encuentran en el ambiente atributos sistémicos, organicistas, etc.

Como se vea más adelante, la primera formalización biocéntrica que reconoció los derechos de la Naturaleza tuvo lugar en la nueva Constitución de Ecuador. No olvidemos que una constitución es al fin de cuentas un acuerdo normativo construido políticamente y refrendado por mayorías, y en ella no se tienen que explicar los orígenes de las valoraciones, bastando que sean reconocidos. De esta manera, personas que parten de distintas tradiciones culturales, filosóficas o religiosas pueden llegar a los derechos de la Naturaleza desde diferentes caminos, y este es un punto de enorme importancia en el presente análisis. Un texto constitucional no puede imponer valores culturales o religiosos, sino que debe permitir que ellos se expresen y generen espacios de encuentro en las políticas públicas.